Una respuesta a la exclusión

Las conclusiones finales del informe 2018 generado por técnicos de la Unidad de Evaluación y Monitoreo del Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB) del ahora MVOT son harto elocuentes. Destacan que “la ocupación irregular es una de las formas de acceso al suelo que existe en nuestro país”, aunque no tan extendida como en otros países de Latinoamérica y con una “tendencia levemente decreciente”. El fenómeno es multicausal. Hipotetizaron en relación a los 45 últimos, observando que un factor, estructural,  tiene que ver “principalmente (con) la brecha económica existente entre los ingresos de los hogares más pobres y los costos de adquisición o alquiler y mantenimiento de las viviendas en el mercado formal”.  Aunque parezca obvio agregan que los ocupantes son “por lo general pobres, y tienen ingresos provenientes de trabajo precario y/o inestable. Pero no son exclusivamente las más pobres las únicas que recurren a la ocupación. También lo hacen algunos hogares que optan por la “seguridad” de la propiedad (aún en un asentamiento), por sobre la alternativa del alquiler”. No obstante la multicausalidad, “entendemos que la escasez de suelo y vivienda de costo accesible en el mercado formal es el principal factor económico para comprender el fenómeno”. Dicen que el suelo y la vivienda, típico en América Latina, se utilizan como forma de “acumular capital” y especular con su valor que, en buena medida se va, por los aportes que hace toda la sociedad. Por ello el rol regular del Estado en referencia al mercado del suelo, constituyendo cartera de tierras y otros instrumentos, son un antídoto necesario a la práctica acumulativa. Profundizar el fenómeno de los asentamientos, explican, el estudio “de los mercados de suelo y vivienda formal e informal”.  Hay otras circunstancias que dan cuenta de la dinámica que tienen los asentamientos. Merece cierta atención el comentario que mencion que “vivir en un asentamiento implica costos enormes para las familias, en calidad de vida presente, pero también en lo que refiere a costos futuros para las generaciones que crecen con sus derechos vulnerados”. El informe concluye, con algo que vienen planteando las organizaciones del hábitat, “para el Estado, por su parte, las ocupaciones irregulares implican un costo muy alto, tanto si se mantienen en la misma situación (ya sea para garantizar la seguridad, dar atención permanente a las emergencias, etc.), como si se aborda su regularización (construcción de viviendas, extensión de redes, etc.) La producción de suelo urbano con servicios y a precios asequibles para los más pobres es la primera condición, -necesaria, aunque no suficiente-, para revertir los mecanismos de reproducción de los asentamientos”. Alguien tendrá que tomar nota.

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