La política pública de vivienda y hábitat; se dice poco, ¿qué se hará?

Lucía Etcheverry (ª)

Al inicio del nuevo gobierno, el herrerismo distribuyó los cargos ejecutivos entre los socios de la coalición. En su mayoría se trata de figuras políticas con años de presencia en el Parlamento, lo que no significa necesariamente conocimiento de la gestión pública.

Si miramos la asignación de Ministerios tampoco se identifica que esta asignación tuvo un criterio de idoneidad temática o extensa trayectoria de vida en la misma. El herrerismo mantuvo los que desde la campaña mencionó que eran de su interés y los demás los vemos repartidos entre los socios.

El MVOTMA es parte de esta realidad de distribución de cargos. El partido que lo lidera lo mencionó como de “particular interés y declamando pública y grandilocuentemente que resolverían la necesidad de vivienda de los más vulnerables”. Sin embargo, hasta la fecha no hay ninguna acción concreta que muestre el proceso que se viene realizando o por lo menos cómo cumplirán con tales aspiraciones. Incluso cualquiera que siga con cierta regularidad la agenda pública puede darse cuenta que su actual ministra se encuentra ausente del discurso público.

Magros indicios en la LUC

Específicamente en la Ley de Urgente Consideración, el MVOTMA tuvo su capítulo con 3 planteos:

  1. La creación de una nueva Dirección como Unidad Ejecutora, que integrará al Plan Juntos, el Programa de Mejoramiento de Barrios y el Plan Nacional de Relocalizaciones.

Su denominación es DINISU, Dirección Nacional de Integración Social y Urbana, lo cual en términos de buscar la complementación y sinergias entre los 3 programas, era también parte de lo que el Frente Amplio, proponía.

Sin duda, aquí la coincidencia es en su constitución y en los cometidos otorgados en primera instancia, ya que los programas y proyectos que de esta nueva dirección pudieran surgir se desconocen.

No hubo en la LUC mayor explicitación que generalidades, quedando ausente los aspectos presupuestales de esta nueva Unidad Ejecutora. Que si bien en esta ley no correspondía incorporar aspectos presupuestales, sin duda hubiera sido de mayor gravitación mencionar la modalidad del financiamiento. Ante la omisión cabe deducir que se nutrirá del Fondo Nacional de Vivienda como sucede actualmente y un porcentaje menor derivado del préstamo BID que aporta el Programa de Mejoramiento de Barrios. Del mismo modo, no se mencionó nada en lo que hace a su cobertura y alcance.

Por el contrario, ante las reiteradas consultas sobre como eventualmente afectaría el decreto del Poder Ejecutivo del 13 marzo, número 090/2020, con el abatimiento del 15% en funcionamiento e inversión, se reprodujeron evasivas que alientan un futuro incierto y de “profecías autocumplidas”.

Las preocupaciones son concretas y tangibles; las familias de diferentes proyectos de realojos, así como de proyectos de mejoramiento de barrios de Montevideo y Canelones cuyas obras de infraestructura están en curso, y que tenían boletos de reserva para adquirir viviendas usadas en algunos casos así como fincas ya identificadas para adquirir, vivieron otra frustración cuando se les informó de la postergación de esas soluciones comprometidas desde los últimos meses del gobierno anterior.

Todo parece indicar que darán continuidad a las obras iniciadas, pero no a aquellos proyectos que estando aprobados, tenían pendiente las licitaciones de obras respectivas.

Esta es una mala señal para las comunidades de esos barrios, para las empresas que generan trabajo, para los emprendimientos de los entornos a los cuales estas inversiones les impactan como dinamizadores, para los barrios que aún no han ingresado en la fase de elaboración de proyectos, porque será más tarde y más espera para acumular.

2.- Artículos que introducen modificaciones de plazos y competencias en la tramitación de las herencias yacentes, las que se pueden valorar como pertinentes.

Pero lo llamativo del segundo componente en la LUC, del capítulo del MVOTMA, es la evidencia del desconocimiento de instrumentos imprescindibles para la política pública habitacional, la tierra.

No solo desconocimiento por parte de las autoridades que introdujeron estos contenidos, sino también el desconocimiento de los parlamentarios del gobierno, la mayoría de ellos con más de 15 años de actuación en las Cámaras.

Período a período fueron exhaustivos pesquisadores de contenidos de los que hoy no tienen el más mínimo recuerdo. Rendición de Cuenta a Rendición de cuenta, fueron a los detalles numéricos de un componente que hoy exaltan como novedoso, pero que parece surgido de la selecta memoria interesada, constituir una Cartera de Tierras Públicas.

Esta Cartera de Tierras, con su correspondiente reglamentación, desde el año 2010 ha adjudicado a Cooperativas, Realojos, Edificios para población activa, complejos para pasivos, llamados públicos para adjudicar lotes con servicios y autoconstrucción, etc.

Dicha adjudicación de tierras se realizaba una vez por año y de forma clara, transparente, con requerimientos comunicables y contenidos en la mencionada reglamentación.

Todas estas hectáreas de tierra urbana en zonas consolidadas de las ciudades es producto de un exhaustivo trabajo de identificación y análisis de viabilidad y tierras todas de propiedad pública, de los más diversos organismo del Estado.

Todo este proceso fue reinventado en 2 artículos de la LUC, habrá que ver si es vestirse con ropa ajena o solo desconocimiento de principiantes.

3.- El ultimo “aporte” del MVOTMA en la LUC, es el régimen de arrendamientos sin garantías. Denominación que induce a error, ya que en realidad establece garantías, restrictivas, desequilibrantes y todas en beneficio de la parte más fuerte que son los propietarios.

Este régimen establece riesgosas condiciones, todas a favor del arrendador. A modo de ejemplo: puede inspeccionar la finca las veces que quiera, puede determinar la moneda del arrendamiento, puede iniciar el proceso judicial de desalojo sin notificación al arrendatario, quien tendrá como buen pagador 30 días para dejar la vivienda.

Puede el arrendador, sin ser propietario iniciar el desalojo, no hay control sobre el cumplimiento o no de los tributos que se devienen de ese alquiler, puede acordar una multa ante incumplimientos, de 4 veces el valor del arriendo.

Nada hace que este régimen favorezca a quienes encuentren en el arrendamiento una solución habitacional, por el contrario lo exponen a arbitrariedades legalmente amparadas hacia el propietario.

Una vez más nos encontramos frente a un error de diagnóstico o improvisación temática, el problema a resolver no es la restricción de acceso a garantías, que el propio Ministerio de Vivienda puede disponer en el marco del convenio con la Contaduría General de la Nación, programa que existe desde 2007. El problema a resolver es complementar ingresos bajos y empleos precarios en su sostenibilidad. Con un Estado sensible que, con flexibilidad, atienda la diversidad de situaciones que por ejemplo jóvenes y migrantes viven, para ofrecerles su amparo con una herramienta que complemente sus ingresos y acompañe la trayectoria en un proceso integrado con otras políticas sociales.

Aprobada la LUC y promulgada, es la Ley 19.889, no hay información de cómo se están procesando los artículos que la componen. Tampoco hay información de cuál será el horizonte de programas y proyectos que harán realidad un nuevo plan quinquenal.

Desde el 2005 hasta la fecha, el Frente Amplio, convocó a la COAVI, la Comisión Asesora de Vivienda para recoger aporte, propuestas y registrar señalamientos que nutrieron los sucesivos planes quinquenales de vivienda y hábitat. De esta Comisión participaron cientos de organizaciones de la sociedad civil de la más heterogénea composición; las Federaciones de Cooperativas, tanto de ayuda mutua como de ahorro previo, de usuarios y de propietarios, la representación de jubilados y pensionistas, la cámara y la Liga de la Construcción, los promotores privados, las coordinadoras de barrio, las comisiones barriales, las Intendencias, el Parlamento, organizaciones no gubernamentales de trabajo territorial, Ministerios, la Universidad de la república a través de la Facultad de Arquitectura, la de Ciencias Sociales, asociaciones profesionales de arquitectos, ingenieros, escribanos, trabajadores sociales y todos y todas quienes desearan ser parte de la construcción de acuerdos y también de la identificación de disensos a seguir intercambiando, porque el horizonte era el fortalecimiento de una política de estado en la materia.

Hoy no hay convocatoria, hoy hay silencio de la ministra y señales preocupantes desde el viceministro. 

A través de la prensa el subsecretario dejó claro que “las necesidades en vivienda las va a ir marcando el mercado”.

Según declaraciones del subsecretario al diario El Observador, el Ministerio constituirá un fideicomiso para el cual estima un aporte del 50% del Fondo Nacional de Vivienda, más de 600 millones de dólares con destino a cubrir un porcentaje como subsidio a quienes accedan bajo la modalidad de alquiler o eventualmente alquiler con opción a compra.

Se habla de un monto de alquiler de 15 mil pesos y un 30 % de subsidio incluido, lo que no se dice es donde se construirá, quienes lo harán, como se determinará el monto del alquiler para que sea esa cifra, las calidades de la vivienda, si considera los costos de tierra e infraestructura, porque vaya si tenemos experiencias de programas que con modalidades parecidas, lamentablemente construyeron segregación y fragmentación socio-urbana.

La apertura a estas entrevistas, no tiene su correlato en la información a interrogantes muy concretas realizadas por los parlamentarios del Frente Amplio.

A qué programas y cómo se aplicará el abatimiento del 15% del presupuesto que ordenó el Presidente de la República? Se aplicará porcentualmente a todos los programas en curso?, El recorte en 1000 préstamos anuales para las cooperativas es parte de este abatimiento?

Hay silencio y por tanto, el riesgo de tomarlo como el que calla otorga, y todas las consideraciones pueden ser válidas y pertinentes.

No se construye ciudad, no se construye credibilidad, no se construye democracia desde la posición de “solista”.

Tenemos voluntad y disposición para el diálogo, tenemos historia con sombras y luces, pero con mucho diálogo para poner en un espacio que pretenda ser generador de propuestas y soluciones, donde la equidad haga la balanza de la asignación de recursos y la creación de instrumentos.

(ª) Lucia Etcheverry es Diputada por Canelones. Asistente Social egresada de la UdelaR. Trabajó en programas de desarrollo local en zona Oeste de Montevideo y con cooperativas de vivienda de ahorro previo y ayuda mutua. Fue parte del Programa de Mejoramiento de Barrios. Fue directora nacional de Vivienda del MVOTMA.

Foto: m24.com.uy

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