Cambios en las orientaciones de la política habitacional

Gustavo Machado (ª)

La política habitacional en nuestro país ha sido temprana pero nunca relevante en términos de su cobertura y alcance. Es a partir de la Ley 13728 de 1968 que se organiza la política habitacional, que tiene un freno importante con la dictadura cívico-militar.

Con distintas institucionalidades y programas públicos la política habitacional tuvo discontinuidades y cambios, los únicos programas que se han sostenido por más de cinco décadas son MEVIR, que tiene impuestos que se aportan directamente y el cooperativismo de vivienda, que ha tenido continuidad más por la lucha de los cooperativistas y sus organizaciones, que por la propia política pública.

En los últimos Planes quinquenales de vivienda la política habitacional se diversificó y amplió su cobertura, aunque debemos reconocer que siempre fue insuficiente en términos presupuestales y de alcance.

Fundamentalmente a partir del Plan quinquenal que se inició en 2010 se diseñaron e implementaron nuevos instrumentos de política, algunos de ellos para incorporar nuevas viviendas al stock, los subsidios para asegurar la permanencia, acceso a garantía de alquileres, autoconstrucción, acceso a vivienda nueva, y otras que atendían a distintos problemas específicos.

En ese contexto, se priorizó al cooperativismo de vivienda, en el quinquenio 2015-2019 se terminó con 14.358 viviendas cooperativas construidas o en ejecución, el 52.15% de todas las viviendas nuevas del lustro (MVOT, 2020).

La experiencia cooperativa ha sido una solución altamente valorada tanto, por su propuesta urbano-arquitectónica, como por los resultados económicos, sociales y comunitarios y en esto hay un reconocimiento generalizado, que ha llevado a este sistema a ser una especie de carta de presentación en el mundo de las realizaciones uruguayas en vivienda. La prioridad que en los últimos períodos de gobierno se dio en la asignación presupuestal al programa cooperativo de vivienda, que aún en el marco de la insuficiencia presupuestal señalada, hizo que se incrementara significativamente el número de cooperativas, cómo se puede observar en el cuadro.


Elaboración propia a partir del Censo Nacional de Cooperativas y sociedades de Fomento rural (INE, 2009) y las memorias anuales de la ANV (2010-2020)

El nuevo gobierno, iniciado en marzo de 2020, anuncia la construcción de número importantes de viviendas, pero a la vez aprueba el Decreto PE 90/20 que fijó el tope de ejecución presupuestal para el año 2020 “en el 85% de los créditos comprometidos del ejercicio 2019, correspondientes a gastos de funcionamiento e inversiones, cualquiera sea su fuente de financiamiento”.

El recorte generalizado tuvo el propósito de reducir el déficit fiscal, porque todos los programas del MVOT, como otros sectores del Estado, se suspendieron, postergaron, enlentecieron o cerraron.

Se reprogramó para los 5 años, sin incorporar nuevos, los programas de realojos y de regularización de asentamientos, no se inician obras de vivienda nueva, no se realizan llamados de créditos para compra de vivienda usada, disminuye la inversión de MEVIR, se enlentecen las escrituras de préstamos a cooperativas, se eliminan convocatorias a anteproyectos cooperativos y uno de los dos sorteos de adjudicación de préstamos. 

Al mismo tiempo, se modifican las condiciones de la Ley 18795, de vivienda promovida, levantando topes precios en las viviendas que anteriormente comercializaba el MVOT y en las zonas prioritarias de inversión, generando mejores condiciones de rentabilidad de las empresas constructoras y reduciendo la posibilidad de acceso para amplios sectores de la población.

Éstas resoluciones y las tres leyes más importantes evidencian una reducción de la acción pública y una preeminencia del mercado para la provisión o negación del acceso y permanencia en la vivienda.

Primero se aprobó el 9 de julio de 2020 la Ley de Urgente consideración 19889 (LUC), en material habitacional crea la posibilidad de contratos de arrendamientos sin garantía, con facilidades de desalojo a pedido del propietario entre 7 y 30 días, éste último plazo para buenos pagadores y por otro lado crea la Dirección Nacional de Integración urbana y social (DINISU) para unificar Plan Juntos, PMB y PNR, y recién a 11 meses de aprobada la Ley se designa a la Directora para armar la nueva Dirección.

En la Ley de Presupuesto, se topea la inversión en vivienda, pero se realiza un Plan quinquenal de vivienda 2020-2024 que mantiene todas las líneas de los últimos dos planes, incorpora el tema de Sistemas constructivos no tradicionales, más explícitamente la madera, algún énfasis mayor en programas de mantenimiento del stock habitacional y plantea la creación de un fideicomiso para hacer accesibles las viviendas construidas por privados (vivienda promovida)

No convoca a la Comisión asesora de vivienda (COAVI), prevista en la Ley 13.728 como un espacio de participación social amplio.

Se plantea un tope para la ejecución del 85% de Fondo Nacional de Vivienda y urbanizaciones (FNVyU), para reducir el gasto público provocando el enlentecimiento y postergación antes mencionado en los distintos programas habitacionales, nos preguntamos, ¿a dónde va el 15% del FNVyU no invertido en vivienda con un déficit habitacional reconocido de 57.000 viviendas (MVOT, 2020) y una pandemia donde la vivienda tomó relevancia para el aislamiento y los cuidados?

Si bien las metas previstas para cooperativas en el PQV 2020-2024 no están lejos de las del anterior (aunque suman las que están en ejecución del gobierno anterior), en estos 16 meses de gobierno se recortaron las postulaciones a préstamos para cooperativas (sorteos) y los ingresos a estudio de nuevos proyectos cooperativos, en contradicción la reglamentación vigente.

Tampoco se aprobaron a la fecha los nuevos valores de tasación (art. 23 del decreto 540/2008) que son requisitos para cooperativas e Institutos puedan formular los proyectos cooperativos.

En el proyecto de Ley de Rendición de cuentas se crea un nuevo fideicomiso para la atención de la problemática de asentamientos, redirigiendo impuestos que alimentan las acciones del Instituto de Colonización, mientras que el Plan Nacional de Relocalizaciones y el Programa de Mejoramiento de Barrios reducen sus intervenciones y postergan las acciones ya aprobadas en el gobierno anterior.

Se apela nuevamente a la herramienta del fideicomiso para la política habitacional, con poca enunciación de los instrumentos financieros y programáticos de las acciones y reduciendo la acción de contralor de la gestión pública.

En la exposición de motivos del proyecto de Ley de rendición de cuentas el Poder Ejecutivo reconoce que el MVOT fue el ministerio que menos invirtió, en contextos de pandemia y con la necesidad de vivienda antes mencionada:

Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas del Poder Ejecutivo (2021, p

Estos cambios en las orientaciones de las políticas habitacionales requieren de la sociedad capacidad de denuncia, protesta y propuesta, porque al igual que miles de uruguayos/as y como se demostró con las 800 mil voluntades que firmaron para derogar 135 artículos de la LUC, la lucha no tiene techo.

(ª) Docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Asistente Social (EUSS-FCS-UDELAR), Magister en Servicio Social (UFRJ-UDELAR) y Doctor en Educación (UNER). Experiencia profesional, en investigaciones y publicaciones sobre el campo de las políticas habitacionales, urbanismo y procesos colectivos y cooperativos.

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