Acceso al suelo para habitar y producir. ¿Utopía o desafío?

(*) María Carla Rodríguez

El artículo plantea que existe una situación estructural de privación de acceso al suelo para habitar y producir para amplias capas de la población de Nuestra América (sectores populares, trabajadores informales, capas medias empobrecidas, mujeres, jóvenes). Se ha gestado históricamente como consecuencia de las características del despliegue territorial del capitalismo y consolidado en su fase neoliberal, coronado por la primacía y el rol de la propiedad privada individual.  La construcción propositiva de organización popular con perspectiva política que sedimente y realice un balance sobre los logros y limitaciones de las experiencias normativas y políticas transitadas para democratizar el acceso al suelo, forma parte de las condiciones que implican sostener la vigencia programática de las reformas urbana y agraria, conjuntamente, como componentes de un modelo de transformación de esa privación estructural y trascendencia del orden vigente. 

Un poco de historia

El proceso de ocupación, poblamiento y uso del territorio en nuestro continente está signado por la historia y lógica que siguió la colonización española y portuguesa: expropiación a los pueblos originarios, saqueo, extractivismo, creación de latifundios y obtención de rentas extraordinarias monopólicas que – encomienda y esclavitud mediante, con la asociación de la espada y la cruz- privilegiaron a élites reducidas y excluyeron estructuralmente a las mayorías populares.  Las ciudades coloniales, fundadas para consolidar y expandir la dominación, expresaron territorialmente esta lógica territorial extractiva, étnica y estamentalmente segregada.  Al mismo tiempo, el mestizaje y la multiculturalidad, también se fueron gestando como novedad distintiva, junto con las resistencias organizadas de quienes pudieron rebelarse, uno de cuyos ejemplos emblemáticos de organización territorial insurgente fueron los quilombolas,  comunidades autosuficientes, que ocuparon los márgenes borrosos del sistema, desde sus búsqueda insumisa de liberación de la condición esclava.    

Estas son algunas pinceladas de las coordenadas histórico estructurales de la problemática de acceso al suelo urbano para habitar y producir, gestada a través de cinco siglos de dominación, bajo la lógica del sistema capitalista, en nuestra inserción regional subordinada y dependiente.

El caso Argentino, muestra claramente cómo este modelo conquistador basado en el robo y saqueo territorial, el latifundio, las rentas monopólicas para pocas familias y socios,  es constitutivo de la formación del Estado Nacional,  tal como se observa durante la década del 80 del siglo XIX, coagulado con sangre en la  “Campaña del Desierto”, que no era tal vacío, sino la matriz territorial de habitar y producir de los pueblos originarios, tehuelches, mapuches, etc.,  en uno y otro lado de la cordillera de los Andes; quienes, al día de hoy,  son genéricamente tipificados como terroristas internacionales, cuando levantan expresiones de protesta ante el agravio que el poder aún hoy niega.    

La exclusión estructural del acceso al suelo se desplegó a lo largo del siglo XX y llega a nuestro días, manifestándose en las ciudades,  receptoras de  migraciones forzosas (socio económicas, intercontinentales e internas, vinculadas con las grandes guerras,  los pogromos,  las hambrunas,  el modelo de sustitución de importaciones,  la dinámica expulsora de la agricultura y,  en general, con una lógica económica que concentra las  oportunidades de sobrevivencia y las expectativas de futuro en territorio urbano, aunque la pobreza se pegue al pueblo como su sombra).   Bajo estas penosas condiciones,  los sectores populares van a vivir “donde pueden” ,  en Buenos Aires, a comienzos del siglo XX, habitaron ese negocio expoliativo fenomenal que fueron los conventillos – alquiler de piezas en áreas centrales – cuyas condiciones abusivas dieron lugar a la primer huelga territorial nacional en las principales ciudades de Argentina,  protagonizada por las señoras y conocida como “la huelga de las escobas” de 1907-, negocio perfeccionado  posteriormente con los hoteles pensión que también llega a nuestros días.   A lo largo del siglo XX, amplias capas de sectores populares se dedicaron a autoproducir masivamente sus viviendas, con sus propios y limitados recursos, en barrios precarios, como las denominadas villas de emergencia – surgidas en tierras a veces ocupadas y otras, localizados y abandonados a su suerte por la desidia de las autoridades estatales de turno (así nació el paradigmático Barrio Padre Mujica – ex villa 31-, por ejemplo). Es cierto también que, en Argentina, hubo una etapa de varias décadas de acceso formal a “ lotes sin servicios” financiados en cuotas a largo plazo en el Gran Buenos Aires, que morigeró un poco la exclusión y fue matriz de barrios obreros autoproducidos en escala, proceso que duró hasta la dictadura de 1976 y se agotó con la ley provincial 8912 y el cambio de contexto macroeconómico, para dar paso al negocio de countries y barrios cerrados e incrementar la disputa por la ocupación de las periferias, ahora apetecibles como nuevo estilo de vida  seguro (pero no tanto según puede verse estos días en Carmel, por Netflix ), destinado a las clases nuevas medias  altas y sectores de altos ingresos. Mientras que para el año 2013, en los barrios populares nacidos por tomas de tierras la densidad era de 39 habitantes por hectárea, en los nuevos barrios cerrados… es de 3 habitantes por ha. (datos construidos por el Arq. Raúl Fernández Wagner,  ICO- UNGS, para 2013).  

Pero lo que une a las formas del hábitat popular es que, mayoritariamente, desde el Estado y los sectores dominantes, bajo la hegemonía de la lógica capitalista de producción de las ciudades y territorios, se les ha negado a las amplias mayorías populares el acceso al suelo y a las condiciones de la centralidad urbana para habitar y producir de manera estable y segura en un marco de derechos reconocidos y formalizados.  De este modo, el hábitat popular se emplaza en los márgenes, en las peores localizaciones, carente de servicios, perseguido, amenazado de desalojos, en los intersticios de barrios centrales, invisibilizado o bien bajo la forma de negocios formales o informales que someten a las familias a procesos expoliativos para solventar los costos de locación-

Aunque han existido distintas oleadas y diseños de políticas públicas a lo largo del siglo XX y XXI, con grados diversos de desarrollo de la acción estatal y alcances de la cobertura en nuestros países, los cierto es que el déficit habitacional y el acceso al suelo urbano de calidad persisten como desafíos estructurales y que la crisis habitacional asume guarismos que, en Argentina, se estima involucran un porcentaje cercano al 40 % de los hogares, reforzado por la pandemia.

Este es el escenario de las actuales oleadas de tomas de tierras en las principales áreas metropolitanas, entre la lentitud de las respuestas políticas por “funcionarios que no funcionan”, el desalojo  espectacular, militarizado y ejemplificador como  Guernica, Provincia de Buenos Aires y otros menos visibles a lo largo y ancho del territorio en plena pandemia,  la disputa por la prevalencia del código penal como repuesta y la tipificación disciplinadora de las respuestas populares por los esquemas de gobernanza actual.  

Coincidiendo con Federici (2010), las actuales resistencias a lo largo y ancho del planeta, forman parte de una larga lucha contra la privatización y el “cercamiento” de las tierras comunales y de las relaciones sociales, que data de los orígenes mismos del capitalismo en Europa y América en el siglo XVI y que se produce, en la actualidad, a la par de un tercer “cercamiento”: la creciente pérdida entre las nuevas generaciones, del sentido histórico de nuestro pasado común.  Por ello destacamos la persistencia y continuidad de los procesos de extranjerización, concentración y reproducción de la desigualdad socioterritorial que han construido una situación estructural y sistémica de privación del acceso al suelo urbano y rural para habitar y producir.

Suelo como mercancía y propiedad privada individual. Un matrimonio nefasto que coadyuva a la situación de privación estructural del acceso al suelo

Este modelo de ocupación y explotación territorial,  se constituyó de la mano de la consolidación de la “sacrosanta” propiedad privada asumida como un derecho de alcance ilimitado,  que corona y legítima esta forma excluyente de desarrollo y sus  injustos efectos sobre la vida de millones. 

En América Latina, 32 personas privilegiadas acumulan la misma riqueza que 300 millones de las personas más pobres. Esta desigualdad se encuentra íntimamente ligada con la posesión de la tierra, porque los activos no financieros representan el 64% de la riqueza total. (OXFAM, 2016) El 1% de las fincas, concentra más de la mitad de las tierras productivas.  El monocultivo persiste, Argentina, Brasil, Paraguay Bolivia y Uruguay, quintuplicaron su producción de soja en un área que supera las extensiones de Paraguay y Uruguay juntos.  No contamos con datos   tan precisos respecto de la estructura de la propiedad urbana, por ejemplo, en los centros metropolitanos que concentran la mayor parte de las poblaciones. Pero sabemos que el patrón de urbanización de la fase neoliberal ha potenciado el papel de las ciudades como segundo circuito del proceso de acumulación del capital y en particular, ha vinculado el desarrollo inmobiliario a la dinámica de financiarización. Como contrapartida, las propuestas de normativas y políticas de reformas urbana y derecho a la ciudad ganadas en algunos países con la movilización popular, han tenido desarrollos incipientes, mientras el déficit habitacional se incrementa por millones.  

Queremos dedicarle algunos párrafos a la propiedad privada individual y su papel en este escenario. 

En principio, las formas jurídicas de propiedad no son inmutables y eternas, se transforman acompañando la historia de la división social del trabajo y su territorialización, desplegando un drama centrado en el antagonismo de las clases y que también registra, a la par, el papel consustancial del patriarcado y la subordinación de género… le desventaja agregada de ser mujer, de la cual da cuenta la feminización de la pobreza latinoamericana y la histórica desventaja en relación con el acceso y manejo del patrimonio.  La moderna propiedad privada individual del suelo, lleva menos de seis siglos en la historia de la humanidad

En segundo lugar, el proceso de mercantilización del suelo urbano, es decir, del predominio de su valor de cambio por sobre su valor de uso y su apropiación privada, niegan el carácter socialmente producido de la ciudad,  el hecho de que las características  que hacen “rentable”  cada porción de suelo en la ciudad,  se ligan con su carácter de valor de uso complejo,  gestado históricamente con la intervención de todos los actores participantes,  tal como han evidenciado Topalov y Castells en la década del 60, y sigue siendo así. Este carácter mercantil y privatizador, está en la base de la reproducción de las condiciones excluyentes de su acceso.

En tercer lugar, grandes usurpadores son los actores más poderosos. Los ganadores de estos procesos, han contado siempre con la ayuda proactiva – que incluye la omisión y tolerancia- de la intervención estatal. De este modo, los ganadores, reciben suelo de patrimonio estatal en condiciones altamente subsidiadas o abonan cánones irrisorios para el desarrollo de sus proyectos de desarrollo inmobiliario o explotación comercial, o bien ocupan descaradamente espacios públicos, generan procedimientos para evadir las cargas impositivas que nadie controla, se “cuelgan” de los servicios públicos y cometen diversos actos delictivos que quedan invisibilizados. (Por ejemplo, de este modo cien mil lotes y 50 mil viviendas terminadas en 590 barrios cerrados, clubes de campo y country de la provincia de Buenos Aires figuraban como baldíos o pagaban impuestos cono tierra rurales según la agencia ARBA, en el año 2018. (Página 12 5-9-2020 LA usurpación del country- por David Cufré). Mucho dinero evadido. En San Pablo puede escucharse por Facebook el “ Café com Boulos”  del candidato a alcalde del MSTSs,  disertando pedagógicamente sobre esta cuestión con la nómina de grandes usurpadores urbanos de corte empresarial sobre  terrenos públicos de localizaciones privilegiadas.   

En cuarto lugar, para el conjunto social y los sectores subalternos, la propiedad privada individual cumple un rol ideológico y disciplinador. A la hora de acercarnos a las formas jurídicas que coronan quien es sujeto con derechos, la propiedad privada individual aparece en el centro de la escena, con toda la fuerza simbólica y material del orden social hegemónico. Como señalan dos reconocidos investigadores urbanos marxistas anglosajones,  Madden y Marcuse (2016), la respuesta sistémica de los poderes económicos y políticos  consiste en reafirmar la superioridad social y psicológica de la propiedad privada individual de la vivienda. La propiedad privada individual de la vivienda se presenta como antídoto frente a la alienación residencial, como fuente natural de satisfacción y seguridad ontológica. Sin embargo, la relación entre alienación residencial y seguridad de tenencia no es lineal. Es un hecho comprobado que el acceso a servicios públicos, la legislación y el tipo de políticas hacia los ocupantes, las características de los barrios, la estructura de distribución de la riqueza, los marcos normativos vigentes y el acceso a las políticas de seguridad social, afectan  mucho más a la seguridad, que las formas legales de tenencia.  

En un mundo hipermercantilizado, la propiedad privada individual constituye también una forma de propiedad alienada y alienable ante las diversas contingencias de las dinámicas macroeconómicas. Y en lo que respecta al ejercicio “ilimitado” de sus atributos, en los hechos, se correlata con el poder efectivo de  quien los ejerce. 

La lucha por la democratización del acceso al suelo, está vinculada de manera directa con el ensanche del conocimiento y la institucionalización de otras formas de propiedad colectiva, comunitaria y estatal que jerarquicen lo común, al producir y gestionar el hábitat y el habitar.  Con impulsar la institucionalización de formas desmercantilizadoras de producir y habitar el territorio y con una profunda batalla contracultural.  En Argentina, por ejemplo, la Ley 341 de CABA abrió por primera vez un debate y propuestas de alternativa a la escrituración individual como modalidad indiscutida en el campo de la vivienda de interés social.  Evidenció que existe sustento legal habitualmente invisibilizado, debido a que el Artículo 4 inciso “f” y Articulo 6 inciso “i” de la Ley 1251 de creación del IVC de Buenos Aires, permite otorgar derechos reales a personas jurídicas o cooperativas enmarcadas en el Programa de Autogestión de la Vivienda. 

También que la adhesión del Estado Argentino a pactos internacionales, implica actuar en concordancia, que entre ellos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948  en su artículo 17 señala “toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente,”  y que el artículo 5 de los estatutos tipo de cooperativas de vivienda en Argentina (reguladas por el Instituto Nacionales de Economía Social) expresa que la vivienda podrá ser transferida en  uso o en propiedad.   Sin embargo, hasta la fecha el IVC ha omitido reglamentar la modalidad de propiedad colectiva de la Ley 341 y continúa impulsado de manera exclusiva la propiedad privada individual.  Inspirada en antecedentes europeos (p. e., Suecia, Alemania) y latinoamericanos (Ley Nacional de 1968 de Uruguay y las formas de propiedad comunal de los pueblos ancestrales), la propiedad cooperativa con el sistema de usuarios, consolida la estabilidad de los conjuntos habitacionales como comunes urbanos y corona jurídicamente un proceso planificado, gestionado y construido en común. De este modo, la primacía de la propiedad privada del suelo urbano (base de la condición de alienación residencial y producto de procesos históricos de apropiación, expoliación y cercamiento) convive con la persistencia y recreación de “comunes urbanos” (Huron, 2018).

Neoliberalismo y financiarización: ampliando la brecha de acceso al suelo

Si bien, como se señaló al inicio del trabajo, la cuestión habitacional tiene una larga y controversial historia, su consolidación como un problema estructural es un fenómeno perteneciente a las últimas décadas. En este período se reconocen dos tendencias complementarias: por un lado, los requerimientos de vivienda han crecido en magnitud; por el otro, se han concentrado territorialmente en las grandes áreas metropolitanas , reforzando procesos de segregación  y fragmentación urbana.

En la actualidad, asistimos a un nuevo proceso de “acumulación primitiva”,  donde la reiniciada oleada de privatización de  la tierra y otros recursos comunales, el masivo empobrecimiento, el saqueo y el fomento de la división de comunidades antes cohesionadas, vuelven a formar parte de la agenda mundial,  bajo nuevas formas de dominación más abstractas y lejanas a nuestro control, continúan expropiando activos y saberes populares,  arrebatan o cancelan la capacidad productiva autónoma de grandes sectores sociales y ponen en riesgo la continuidad de la vida humana y no humana. 

En el marco de este “capitalismo de catástrofe” (Luxemburgo, 1913), la “urbanización total” o  tendencia a la supresión de la dicotomía ciudad-campo – donde avanza lo agrario commoditificado – fue planteada como hipótesis por Henry Lefebvre a fines de la década del 60 (1972) y se ha expandido profundizando la lógica extractiva, el saqueo y las desigualdades, en correlato territorializado de la era de la financiarización y las TICs.  El mecanismo especulativo del suelo actúa en la ciudad moderna; donde las áreas centrales adquieren un valor cada vez mayor con el crecimiento de la ciudad; se sustituyen los viejos edificios del centro,  la población más pobre se ve   obligada a mudarse hacia y el papel del urbanismo estatal acompaña  estas operaciones de renovación. 

Por contrapartida, hacinamiento, barrios enteros sin agua,  alquileres formales e informales que se vuelven impagables, endeudamiento familiar que crece como contracara del endeudamiento externo …  efectos

persistentes de lo que la urbanista crítica Raquel Rolnik (2017) denomina la  “colonización financiera del suelo y la vivienda”,  el modo en que las tendencias identificadas tempranamente por autores como Engels, se han desplegado a través de la maduración del sistema del capital, y que tiene un correlato de expansión en los mercados informales del hábitat altamente expoliativos para amplias capas populares.

La propiedad de la tierra, que es el origen histórico de la propiedad privada, ha sido completamente absorbida por el movimiento histórico de esta última y transformada en mercancía.  Las consecuencias del desarrollo de instrumentos financieros ligados con la dinámica de la especulación inmobiliaria del suelo-mercancía, dominan nuestra vida cotidiana presente. Como lo muestran los resultados recientes de investigaciones de urbanistas críticos como Saskia Sassen. Un ejemplo, en DF México, los propios trabajadores pueden contribuir con sus aportes jubilatorios a alimentar fideicomisos – como el llamado FIBRAS- que sirven para desplazarlos de los barrios en que habitan, mediante operaciones de gentrificación.

La alienación residencial, es la condición que ocurre como consecuencia de este proceso de privación estructural de acceso al suelo, cuando una clase capitalista captura el proceso de producción del habitar y lo explota para sus propios fines (Madden y Marcuse, 2016, p. 59, traducción propia).  Por ello los  espacios habitables materializados para las amplias mayorías, no resultan una expresión de las necesidades residenciales de quienes lo habitan, sino de la lógica de la ganancia y los intereses tecnocráticos que han tomado el control (propietarios, desarrolladores, bancos y burócratas, entre otros), mediante el ensamble de roles e instituciones cuyo producto son las deshumanizadas leyes que rigen el mercado formal e informal de la vivienda en las sociedades contemporáneas y sus expresiones materiales: viviendas pequeñas, feas e inadecuadas. Bajo el neoliberalismo esta dinámica se hace extensiva y se profundiza en los mercados informales del hábitat, siendo particularmente visible en nuestras ciudades latinoamericanas, el continente más desigual del planeta.

Por otra lógica territorial para habitar y producir: reforma agraria y reforma urbana

“Una Reforma Urbana suele ser confundida con un diferente sistema de administración de la tierra urbana y suburbana. Los que mantienen este enfoque aceptan que el Estado está en condiciones de suprimir la especulación, desarrollar los servicios urbanos, incorporar una tecnología adecuada y facilitar el crédito sin modificar sustancialmente la estructura capitalista de una sociedad. Eso no es verdad.” Esto decía Jorge Enrique Hardoy, fundador del CEUR CONICET, en 1972. Ahora tampoco es verdad.

En las últimas décadas, hemos asistido a diversas experiencias nacionales de procesos políticos impulsados y protagonizados con la activa participación de movimientos sociales, como la Reforma Urbana en Brasil y  la Carta del Derecho a la Ciudad en México,  sin contar con enfoques y prácticas de producción social y autogestionaria del hábitat  asociadas con la disputa del acceso y la democratización del suelo, como la mundialmente paradigmática  experiencia cooperativa uruguaya de FUCVAM y su relación virtuosa con políticas de Carteras de Tierras o el Programa FINCAS en áreas centrales de Montevideo, con la impronta democratizadora del urbanismo feminista. En la Argentina, disputas provinciales, como la Ley de Acceso Justo al Hábitat de la provincia de Buenos Aires y la Ley 341 en CABA, impulsada por el MOI y proyectos actuales como Ley Nacional de Producción Social Autogestionaria del Hábitat, o las  iniciativas de Tierra, Techo y Trabajo de la CTEP, abonan ese escenario, evidenciando al Estado en todos sus niveles, entre otros aspectos, como un gran terrateniente que puede marcar diferencias sustantivas en la cancha. Países como Colombia, cuentan con un sofisticado instrumental y el tema del suelo es convidado permanente de las agendas sectoriales del MINURVI – que esta por ocurrir otra vez-, de organismos transnacionales de toda laya, etc. Pero… las tendencias estructurales, consecuencia de una correlación política de fuerzas que no se ha revertir, persisten.  

Este debate, empujado por el pueblo organizado interpelando los procesos políticos y de gobierno con sus avances y reflujos de las últimas décadas, muestran que cambios en la materia son parte de la vida política y geopolítica del continente y las naciones, donde se dirimen las redistribuciones de poder y recursos.   

La reforma urbana y la reforma agraria, son instrumentos de transformación de la sociedad que requieren complementarse y coordinarse tanto en la definición de sus objetivos como en su ejecución, vinculadas con las posibilidades de implementación de planes nacionales y articulaciones procesadamente convergentes a escalas regional de política económica, social y cultural, que aluden a modos integrales de producir y habitar. 

La simultaneidad de ambas reformas, implicaría la movilización de los recursos materiales y capacidades humanas hacia la redefinición de una estructura socio territorial, puesta en función de  nuevos objetivos  de desarrollo que saquen del centro la lógica de la ganancia para instituir parámetros y arreglos sociales centrados en el respecto de la vida humana y no humana bajo modalidades de cooperación y primacía de los común.

Se trata de comprender la necesidad estructural de contar con otra lógica de producción territorial e implica un proceso de transformación de la propiedad subjetividad social basado en la más amplia participación en los destinos colectivos y personales.

El urbanismo autogestionario, impulsado desde los movimientos sociales, en distintos puntos de Nuestra América cotidianamente centra esfuerzos en construir la reproducción ampliada de la vida y ciudades que privilegien lo común en la satisfacción territorializada, abundante y diversa de necesidades, proyectos, subjetividades y deseos.

La construcción propositiva de organización popular con perspectiva política, sedimentando  y realizando un balance que incluya  los logros y limitaciones de las experiencias transitadas para democratizar el acceso al suelo- normativas, políticas, programáticas y casuísticas, forma parte de las condiciones necesarias para que Reformas Urbana y Agraria, juntas,  constituyan componentes de un modelo de transformación  de esta privación estructural y de  trascendencia del orden vigente.

 (*)Doctora en Ciencias Sociales. Profesora e investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la República Argentina. Militante del Movimiento de ocupantes e inquilinos – Federación de Cooperativas Autogestionarias MOI. Integrante de equipo pedagógico de ELAH, Escuela Latinoamericana de Autogestión del Hábitat de SELVIHP y del Grupo de Producción Social del Hábitat de la HIC.

Foto: independent.academic.edu

A %d blogueros les gusta esto: