Selectiva preocupación

Aunque se conoce menos su preocupación por el acceso a la vivienda y el consiguiente déficit habitacional, los diputados Alfonso Lereté de Canelones y Rodrigo Blas de Maldonado, ambos del Partido Nacional,  están preocupados por la ocupación de predios, tanto públicos como privados. El primero, señaló ocupaciones entre los balnearios Neptunia y Pinamar y Arroyo Tropa Vieja. “Realizamos la denuncia penal”, dijo. Activo el diputado le pide a la Intendencia que actué dado su rol de policía territorial y ya se reunió con la cabildante Ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

Quiere que se expropien los espacios privados, ocupados con deudas superiores a los 30 años. Afirmó que “en todo el departamento hay 9433 viviendas precarias en un total de 121 asentamientos irregulares”. Al salir a “pegarle” al Intendente Yamandú Orsi,  expuso que “la omisión en Canelones es una forma de fomentar las ocupaciones. Hoy la Intendencia está omisa en su rol y los números son lapidarios: más de 100 asentamientos y en 5 años solo se realizaron 52 denuncias al respecto, cuando ese número solo cubriría las denuncias a realizar entre La Floresta y Jaureguiberry”. La salida es clara, hacer foco en las consecuencias, no en las causas y de paso confrontar a una figura en ascenso. El correligionario Rodrigo Blas, un hombre de peso en pagos fernandino, quien en el 2014 afrontara una denuncia por defraudación tributaria y que tras cambios en el Código Penal su causa fuera archivada, presentó un proyecto que pretende establecer “un proceso civil de desalojo” que pueda “ser promovido por los gobiernos departamentales”. Blas, que fue presidente de la Junta Departamental y candidato a la Intendencia y acumuló para la reelección de Antía; principal dirigente lacallista en la zona y agente inmobiliario,  tiene enorme gravitación. Según nota “Paradoja” de la periodista Mónica Robaina (Brecha. 24.5.2019)  “cinco meses de investigación judicial le bastaron al fiscal Luis Pacheco, especializado en crimen organizado, para concluir que el edil Rodrigo Blás -principal dirigente de Luis Lacalle Pou en Maldonado y presidente de los blancos en ese departamento- debía ser procesado por un delito de defraudación tributaria. Sin embargo, tras hacer un pacto con la defensa del político, el viernes pasado el fiscal emitió un polémico dictamen en el que pidió archivar la causa, que se había extendido por casi cinco años”. La nota sostiene que “fiscal de crimen organizado probó la defraudación tributaria, pero pidió el archivo por razones administrativas” y da cuenta de la operativa y participantes. Devenido diputado, Blas presentó proyecto antes mencionado. Ya no es suficiente lo que preceptúa la ley de usurpación. El objetivo es “evitar esas ocupaciones y establecer un proceso civil de desalojo que resulte ejecutivo y que pueda ser promovido por los gobiernos departamentales”. El experimentado agente inmobiliario, conocedor del asunto,  quiere garantizar el derecho de propiedad en una zona de mucha especulación  y exenciones en el ordenamiento territorial. Sucede que terrenos, en esa zona costera,  son objeto de disputa o susceptible de algún negocio inmobiliario. En el actual periodo de gobierno, con una galopante crisis socioeconómica, se han recortado recursos al MVOT. El derecho a la vivienda, que figura en la Constitución, lo ponen por debajo del de propiedad.

(No más ocupaciones. Pocas viviendas)

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