Batalla Cultural

El gobierno nacional, encabezado por Luis Alberto Alejandro Aparicio Lacalle Pou Brito del Pino, lleva poco más de 90 días y, al poco tiempo de asumir, se encontró con la epidemia que asola al mundo. Con relativa baja circulación del virus, -aunque hay que prestar mucha atención a la frontera con Brasil-, tomó las medidas pertinentes, con respaldo social y, luego, con tino, creó un comité de expertos que generan insumos y asesoramientos. Pero ya con la aplicación de los apoyos económicos -en algunos casos 40 pesos por día- a los sectores postergados, los respaldos comenzaron a menguar. Como en otras partes, hay cierta parálisis de la actividad económica y miles de trabajadores fueron al seguro de desempleo; para algunos con retorno incierto. Sectores presionan para la apertura económica. Pese a sus pruritos ideológicos el rol del Estado resulta clave para enfrentar la emergencia. Pero los más de 90 días indican, por si había dudas, de cuál será el rumbo del mismo y para que sectores se gobernará. Existe, por parte de la derecha, cierta habilidad, para pasar intereses particulares -en la propuesta de Ley de Urgente Consideración (LUC) abundan los ejemplos- como generales. En la misma acción, sobre el shock que produjo la derrota del FA fruto de sus errores y otras cuestiones, intenta vender que los 15 años anteriores fueron un desastre.  Por otra parte, con amplio respaldo mediático, fogonea la idea de preocupación por los más jodidos. Los hechos parecen desmentir tal acerto. Así en el marco de la pandemia remitió al Parlamento, su programa de gobierno, para ser tratado en “modo exprés”; recibiendo delegaciones que exponen en escasos minutos sus puntos de vista sobre el vastísimo articulado. Al ser una coalición nadie sabe cuánto durará, de ahí la lógica de la LUC programática con reminiscencia de los 90 neoliberales: intento privatizadores y mayor represión. Allí se intenta limitar el accionar sindical, -¿a quienes beneficia?-, se insisten con medidas represivas fracasadas en el mundo y la joyita fueron los dos últimos artículos sobre limitación de las áreas protegidas. Era tal el escándalo que debió cambiarlo. Pero saliendo de la LUC se observa, y está en marcha con recaudos, el reinicio presencial de las clases, bajo la preocupación de proteger sectores que no han podido seguir en forma virtual la formación; noble propósito.  Pero por otra parte se anuncia que no habrá subsidio al transporte que usan esos sectores en Canelones. Se amagó con UPM pero el contrato con la multinacional sigue campante. Se ha atacado con ferocidad las políticas desplegadas desde el MIDES -a veces permeando discursivamente los sectores bajos y medios- y muchas de ellas serán trasladadas a las Intendencias: instituciones con gestiones y prácticas clientelísticas conocidas y  con pocos cambios en los pelos partidarios. Con ello fortalecerán cuadros locales y usos discrecionales. Mientras se distrae, estás políticas comienzan a insinuarse sin mayores reacciones. Desde el MVOTMA se dice que se brindará apoyo a las cooperativas de vivienda, pero padeció -como los otros- un inicial recorte del 15 % en gastos e inversiones y supresión de un sorteo. Se niega la cadena de radio y TV al PIT-CNT y a Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos bajo el argumento que se usará solamente para anuncios de relevancia que haga el gobierno, pero a diario tenemos cadenas del Poder Ejecutivo sin preguntas inquietantes. Se irá a la sustitución de la ley de medios, tímida propuesta llevada con indecisión por el FA, para beneficios de las familias de siempre. Para que los medios hegemónicos “muestren ocultando”. Pero hay reservas ciudadanas. Las movilizaciones, con bastante originalidad del 1º y 20 de Mayo, demostraron que las organizaciones populares darán batalla, desde todos los frentes políticos frente al cambio regresivo. ¿Quién dijo que todo está perdido? Se dirá que es un gobierno nuevo, -enfrentando una pandemia- y es cierto, pero el asunto no es solo el tiempo, es el rumbo y para cuáles sectores se gobierna.   

Foto: vtv.com.uy

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