Asentamiento

Se estiman que los asentamientos (entendidos como “agrupamiento de más de 10 viviendas, ubicados en terrenos públicos o privados, construidos sin autorización del propietario en condiciones formalmente irregulares, sin respetar la normativa urbanística” y muchas veces carente de servicios básicos e infraestructura) rondan los 650; de las cuales 45 surgieron después del 2011. El MVOT decía en informe técnico “Asentamientos recientes en Uruguay: un estudio exploratorio” del Programa de Mejoramiento de Barrios-Unidad de Evaluación y monitoreo del 2012, que había 607. En las conclusiones  del citado trabajo se argüía  que  “la ocupación irregular es una de las formas de acceso al suelo” y que “el fenómeno está mucho menos extendido en Uruguay que en otros países de América Latina, (donde) nuestras ciudades mantienen una cantidad de asentamientos más o menos estable en los últimos años, con una tendencia levemente decreciente”. Lo cual no le quita gravedad. Las causas por la cual la gente se asienta dónde puede son múltiples, no obstante la ausencia del Estado estableciendo políticas vigorosas de acceso al suelo servido, a la ciudad consolidada y a la vivienda son determinantes. Agregando que “las familias que han ocupado suelo irregularmente en los últimos años son por lo general pobres, y tienen ingresos provenientes de trabajo precario y/o inestable. Pero no son exclusivamente las más pobres las únicas que recurren a la ocupación. También lo hacen algunos hogares que optan por la “seguridad” de la propiedad (aún en un asentamiento), por sobre la alternativa del alquiler”. En Uruguay “el suelo y la vivienda son utilizados como forma de acumulación de capital, y la expectativa de valorización es parte de la lógica de funcionamiento de este mercado”. Por tanto, “cualquier análisis que busque profundizar en la dinámica de los asentamientos deberá estudiar en detalle el funcionamiento de los mercados de suelo y vivienda formal e informal”.

Enancado en que el FA, durante sus gestiones, destinó recursos insuficientes a las políticas públicas de vivienda, el hoy inquilino de Torre Ejecutiva llegó a hablar de eliminar los asentamientos, “asentamiento, cero” dijo. Rápidamente se olvidó de tal propósito. Ahora, en sede presidencial, con toda la parafernalia comunicacional a la que nos tiene acostumbrado, luego de montar una Dirección (Integración Social y Urbana) dentro del MVOT, -tras feroz tironeo con Cabildo Abierto-, a cargo de la hermana de la ministra de Economía y Finanzas, Florencia Arbeleche y diseñar un fideicomiso por hasta 240 millones de dólares intervendrán en 120 de ellos; cifra exagerada para tales recursos. No está claro en qué consistirá cada intervención y si la misma incluye construcción de vivienda, infraestructura,  equipamiento urbano y servicios. Esto determinará si efectivamente llegarán a los 120 anunciados. Por lo pronto ya se viene trabajando en unos 50 con otros recursos; parte del trabajo iniciado en periodos pasados. En la citada presentación del viernes 13 de mayo, el inquilino de Torre Ejecutiva, sostuvo en forma voluntarista que “se aspira siempre a que no haya asentamientos en el país, pero que ese resultado no se obtiene en un período de gobierno, sino que debe ser una política nacional. Este punto de inflexión será seguido por quienes vengan si hacemos las cosas bien”. Transitar hacia dicha situación implica la asunción de políticas que están en las antípodas del pensamiento y acción de un gobierno encabezado por el Herrerismo signado por los recortes en las políticas sociales. En el fideicomiso tendrán que incluir las relocalizaciones y otros programas comprometidos con las Intendencias que virtualmente fueron paralizados. Montevideo, oh casualidad, tenía licitaciones armadas para atender algunos barrios, tras convenio con el MVOT y debió dejar todo stand bye por que apareció Miss recorte.  Recortes que se profundizarán los dos años que vienen en el programa cooperativo; que da escozor a los neoliberales. En un desmedido entusiasmo el nacionalista intendente de Florida, Guillermo López expresaba a la prensa que todo “iba viento en popa”. Las intendencias tendrán un rol relevante definiendo y participando en las intervenciones que, se anunció, incluirá otras situaciones por lo cual atender en forma integral con los iniciales  millones de dólares dará para poca cosa, además de marketing. El ya mencionado informe recordaba que “para el Estado, por su parte, las ocupaciones irregulares implican un costo muy alto, tanto si se mantienen en la misma situación (ya sea para garantizar la seguridad, dar atención permanente a las emergencias, etc.), como si se aborda su regularización (construcción de viviendas, extensión de redes, etc.). La producción de suelo urbano con servicios y a precios asequibles para los más pobres es la primera condición -necesaria, aunque no suficiente- para revertir los mecanismos de reproducción de los asentamientos”. Aunque los asentamientos su ubican, fundamentalmente en la zona sur del país, están presenten en casi todo el territorio y es muy discutible, como se pregona, que en Trinidad no existan.